El Departamento de Salud de la Generalitat publicó la resolución el 26 de noviembre, justo el día de recuento de la tasa de contagiados por gripe A, pero no la publicitó ni emitió comunicado alguno a los medios por entender que era un asunto sin la mayor trascendencia. Otras comunidades han tomado medidas similares. Es el caso de Andalucía, Galicia y Navarra, que ya prevén cambios en la estructura laboral pero en el marco de los planes generales de lucha pandémica.
La resolución de la Generalitat consta de siete medidas, todas de carácter laboral y administrativo, y afectan tanto al Instituto Catalán de Salud, que gestiona ocho hospitales públicos, como a la cincuentena de centros concertados que administran consorcios. El decreto faculta a estos centros a saltarse algunos trámites burocráticos para contratar personal auxiliar, a suspender, denegar y revocar la autorización de vacaciones, licencias y permisos salvo los de maternidad.La resolución de Salud prevé igualmente la anulación de los periodos de descanso, la prolongación de la jornada con horas extraordinarias y el traspaso de personal de un área a otra en la que se produzcan vacantes o bajas por enfermedad.
El gerente de Evaluación Asistencial del Servicio Catalán de Salud, Josep Maria Argimon, restó importancia a esta decisión y subrayó que la mayoría de centros asistenciales ya tienen programada su actividad para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que, consideró, no deberán aplicar estas medidas. "Sencillamente, se trata de prever una situación por si ocurre, pero debemos prever todos los escenarios", señaló.
La Generalitat desconoce cuándo desactivará la fase de emergencia sanitaria, la primera que se decreta ante una situación pandémica, pues en enero se prevé otro máximo de incidencia epidémico como el del pasado mes de noviembre. En cualquier caso, la emergencia sanitaria no podrá prolongarse más allá de la fecha de extinción de la pandemia.
La resolución de la Generalitat afectará sobre todo a los hospitales y centros de asistencia primaria que dependen del Instituto Catalán de la Salud, pues son los que tienen normas de contratación más rígidas. En cambio, los centros concertados poseen mayor flexibilidad con pautas de contratación propias.
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